El gobierno nacional oficializó, finalmente, a través del Boletín Oficial la decisión anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de fijar topes a los intereses que pueden cobrar las entidades financieras que ofrecen créditos a los jubilados y pensionados. La iniciativa buscará poner fin a la situación de abuso y usura a la que se ven sometidos quienes deben recurrir a esta operatoria.
La medida define que no se podrá superar el 5 % de interés por encima de la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para préstamos similares, bajo la modalidad del cobro de cuotas mediante el descuento de los haberes previsionales. Según el informe difundido por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el haber previsional mensual neto no podrá ser afectado como consecuencia de la operatoria, más allá del 30% y establece que las entidades financieras deben notificar dentro de los 30 días corridos a los jubilados que ya tienen un préstamo, a fin de que puedan optar por realizar la precancelación del crédito conforme con el decreto que instrumenta la disposición.
"Esto significa finalizar con la usura financiera y hacer más transparente el sistema", había dicho la jefa de Estado al hacer público esta decisión política que ahora se pone en marcha. "La caída del costo financiero total de los préstamos de cooperativas y mutuales de 70% promedio al 28 % como máximo, según la tasa actual del Banco Nación más los cinco puntos añadibles, no llevará a la quiebra a nadie", aseguró Cristina Fernández de Kirchner.
Pese a los matices esgrimidos por cada uno, la iniciativa mereció el respaldo de un amplio sector social y político: los centros de jubilados y pensionados, legisladores oficialistas, distintas organizaciones sociales y sectores de la oposición política se congratularon con el anuncio oficial y la puesta en marcha de la operatoria.
Existen 589 entidades habilitadas oficialmente a cobrar las cuotas por descuentos, en tanto los préstamos otorgados tienen un valor total de $ 10.910 millones, según datos de la propia Anses. Según este organismo, 1.993.109 personas tomaron créditos con el mecanismo de código de descuento en la actualidad. Esto equivale al 34 % del total de beneficiarios del sistema previsional argentino.
Habría que marcar, sin embargo, que quienes se han visto impulsados a recurrir a estos préstamos son, en su gran mayoría, jubilados y pensionados que perciben bajos ingresos, y que ante un escenario de necesidad personal y familiar no tienen otras alternativas que tomar esos compromisos para paliar sus carencias y dificultades. La alternativa de la percepción del 82 % móvil, que el Gobierno nacional ha preferido no instrumentar a cambio de conceder dos aumentos en el año presupuestario y una mejor distribución de los haberes para el sector aparecen como las soluciones de fondo y estructurales para un conglomerado con el que el Estado argentino tiene una deuda de reparación prácticamente histórica. Así, aunque justa, pero también tardía, esta disposición viene a enfrentar una realidad que agraviaba la moral pública y que inexplicablemente se venía manteniendo con la tolerancia de la propia entidad que, legalmente, debe proteger a los jubilados.
Es de esperar que la resolución que se pone en práctica sea un aporte de valor para que el amplio sector social que conforman los jubilados más desprotegidos comience a encontrar las respuestas de mayor justicia de parte del Gobierno.
La medida define que no se podrá superar el 5 % de interés por encima de la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para préstamos similares, bajo la modalidad del cobro de cuotas mediante el descuento de los haberes previsionales. Según el informe difundido por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el haber previsional mensual neto no podrá ser afectado como consecuencia de la operatoria, más allá del 30% y establece que las entidades financieras deben notificar dentro de los 30 días corridos a los jubilados que ya tienen un préstamo, a fin de que puedan optar por realizar la precancelación del crédito conforme con el decreto que instrumenta la disposición.
"Esto significa finalizar con la usura financiera y hacer más transparente el sistema", había dicho la jefa de Estado al hacer público esta decisión política que ahora se pone en marcha. "La caída del costo financiero total de los préstamos de cooperativas y mutuales de 70% promedio al 28 % como máximo, según la tasa actual del Banco Nación más los cinco puntos añadibles, no llevará a la quiebra a nadie", aseguró Cristina Fernández de Kirchner.
Pese a los matices esgrimidos por cada uno, la iniciativa mereció el respaldo de un amplio sector social y político: los centros de jubilados y pensionados, legisladores oficialistas, distintas organizaciones sociales y sectores de la oposición política se congratularon con el anuncio oficial y la puesta en marcha de la operatoria.
Existen 589 entidades habilitadas oficialmente a cobrar las cuotas por descuentos, en tanto los préstamos otorgados tienen un valor total de $ 10.910 millones, según datos de la propia Anses. Según este organismo, 1.993.109 personas tomaron créditos con el mecanismo de código de descuento en la actualidad. Esto equivale al 34 % del total de beneficiarios del sistema previsional argentino.
Habría que marcar, sin embargo, que quienes se han visto impulsados a recurrir a estos préstamos son, en su gran mayoría, jubilados y pensionados que perciben bajos ingresos, y que ante un escenario de necesidad personal y familiar no tienen otras alternativas que tomar esos compromisos para paliar sus carencias y dificultades. La alternativa de la percepción del 82 % móvil, que el Gobierno nacional ha preferido no instrumentar a cambio de conceder dos aumentos en el año presupuestario y una mejor distribución de los haberes para el sector aparecen como las soluciones de fondo y estructurales para un conglomerado con el que el Estado argentino tiene una deuda de reparación prácticamente histórica. Así, aunque justa, pero también tardía, esta disposición viene a enfrentar una realidad que agraviaba la moral pública y que inexplicablemente se venía manteniendo con la tolerancia de la propia entidad que, legalmente, debe proteger a los jubilados.
Es de esperar que la resolución que se pone en práctica sea un aporte de valor para que el amplio sector social que conforman los jubilados más desprotegidos comience a encontrar las respuestas de mayor justicia de parte del Gobierno.